Diputados avanzó con la adecuación del Régimen Penal Juvenil y con expropiaciones en Paclín y Pomán

En su décimo quinta sesión ordinaria, la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil, con el objetivo no solo de adecuar la normativa provincial a la normativa nacional que establece la responsabilidad penal desde los 14 años sino también, al mismo tiempo, reforzar las garantías, la especialización judicial y las herramientas de reinserción para adolescentes a nivel local. Durante la sesión, el cuerpo también dio sanción definitiva de dos proyectos de expropiación originados en el Senado: uno referido a cinco inmuebles en Paclín, destinados a soluciones habitacionales, espacios culturales y deportivos y nuevas calles, y otro sobre un terreno en Pomán que será recuperado para su saneamiento ambiental y posterior uso comunitario.

Nuevo régimen para la responsabilidad penal juvenil

La Cámara otorgó media sanción al proyecto de ley que adecua el Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia al nuevo marco establecido por la Ley Nacional N.º 27.801. La iniciativa fue presentada por María de los Ángeles Argerich, Josefina Herr, María de los Ángeles Herr y Natalia Ponferrada, junto a Verónica Vallejos, Natalia Herrera, Ana Lía Aguaisol y Fernando Baigorri, y apunta a adaptar el sistema provincial que funciona desde 2018 a la nueva legislación nacional.

Al fundamentar la propuesta, Argerich explicó que la reforma no parte de la creación de un sistema desde cero, sino de la necesidad de adecuar un fuero especializado que la provincia ya posee. Señaló que durante tres meses la comisión trabajó con jueces del régimen penal juvenil, representantes de los organismos de niñez y legisladores de distintos bloques para revisar el funcionamiento actual, las herramientas procesales disponibles y las condiciones necesarias para aplicar el nuevo régimen.

“Cuando esta discusión empezó hace ya algunos años en nuestro país, desde nuestro espacio pusimos la posición de que no estábamos de acuerdo con la baja de la imputabilidad, pero cuando esta ley se sancionó y se convirtió en una realidad tomamos la responsabilidad como comisión desde todos los espacios políticos de ponernos a trabajar”, expresó. Uno de los cambios es que el sistema especializado comprenderá a adolescentes desde los 14 hasta los 18 años al momento de la comisión de un delito. Para menores de 14 años, la intervención estatal continuará por medio del sistema de promoción y protección integral de derechos. De este modo, el proyecto diferencia la intervención de los organismos de protección de aquella correspondiente al fuero penal juvenil.

La iniciativa también establece que quienes intervengan en estos procesos jueces, fiscales, defensores, asesores y equipos interdisciplinarios deberán contar con formación y capacitación continua en derechos de infancia y adolescencia, desarrollo evolutivo y justicia restaurativa. A esto se suman garantías como la defensa técnica especializada desde el primer acto, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa y la intervención de la asesoría de menores e incapaces. Otro aspecto previsto es la reserva de las actuaciones y la protección de la identidad de los adolescentes involucrados en procesos penales. En los casos en que un hecho involucre a menores y adultos, cada uno será sometido al fuero que corresponda, manteniéndose el adolescente dentro del sistema especializado.

El proyecto incorpora, además, herramientas de justicia restaurativa y de mínima intervención. Entre ellas figuran el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil, la conciliación, la suspensión del juicio a prueba y la remisión. El objetivo es que la respuesta estatal pueda adecuarse a las características de cada hecho, a la situación del adolescente y a los derechos de la víctima, procurando evitar los efectos desocializadores de una intervención penal cuando las condiciones del caso permitan otras alternativas.

La privación de la libertad queda reservada como una medida excepcional, subsidiaria y por el menor tiempo posible. El texto prohíbe el alojamiento de adolescentes en comisarías o dependencias penitenciarias destinadas a adultos y establece que, cuando corresponda el internamiento, deberá realizarse en centros especializados y bajo programas socioeducativos. También contempla la continuidad de esos programas cuando el joven cumpla los 18 años durante la ejecución de una medida.

Durante el tratamiento, Laura Quintero (LLA) planteó que la provincia debería haber estado preparada para la entrada en vigencia del nuevo régimen, aunque valoró que finalmente se avance con la adecuación. Su intervención se concentró especialmente en las condiciones materiales necesarias para que la reforma pueda aplicarse. “Considero acertado que se había establecido la responsabilidad penal desde los 14 años, no podemos desconocer que adolescentes de 14, 15, 16 años pueden participar en delitos, incluso en hechos de mucha gravedad y frente a esta situación el Estado tiene que dar una respuesta”, afirmó.

La diputada de La Libertad Avanza diferenció la responsabilidad penal juvenil del tratamiento de los adolescentes como adultos y remarcó que el nuevo sistema contempla medidas específicas. Durante su alocución planteó una serie de observaciones técnicas. Entre ellas, mencionó contradicciones respecto de la competencia de los jueces de ejecución penal juvenil, la necesidad de incorporar expresamente la figura del supervisor especializado prevista por la normativa nacional, ajustes en las condiciones para el reemplazo de penas y precisiones sobre los jueces especializados de las distintas circunscripciones. Por ese motivo solicitó un cuarto intermedio para trabajar sobre la redacción. A su turno, Exequiel Moreno (FT) propuso incorporar expresamente la figura del supervisor especializado en responsabilidad penal juvenil, encargado del seguimiento, asistencia y control individual de los adolescentes respecto de quienes se dispongan medidas o penas que requieran supervisión.

Tiago Puente, por su parte, ratificó su posición favorable a la responsabilidad penal desde los 14 años y planteó que la modificación debe ser entendida dentro de un sistema que combine responsabilidad, medidas socioeducativas y posibilidades concretas de reinserción. “Quien comete un delito tiene que responder por sus actos”, afirmó, para luego remarcar que la reforma no se limita a las penas de prisión para delitos graves, sino que incorpora medidas como el monitoreo electrónico, los servicios comunitarios, la mediación y obligaciones educativas.

El legislador también centró su intervención en las condiciones que deberá garantizar la provincia para que el régimen pueda funcionar. Cuestionó que exista un único establecimiento especializado y planteó las dificultades que podrían enfrentar adolescentes del interior. “¿A dónde van a ir los adolescentes? ¿Qué hacemos con un joven de Belén, de Santa María, de Tinogasta o de Antofagasta de la Sierra?”, preguntó. Puente vinculó esa situación con antecedentes de años anteriores y sostuvo que las deficiencias de infraestructura y atención no fueron generadas por la nueva legislación nacional. “La nueva ley dejó expuesto un problema que Catamarca viene arrastrando desde hace años”, dijo.

Desde el MID, Fernando Baigorrí coincidió en que la aplicación del nuevo régimen debe estar acompañada por operadores preparados y por políticas preventivas. Consideró que un adolescente de 14 años puede comprender la potencialidad de actos criminales, particularmente cuando se trata de hechos graves, y sostuvo que las víctimas necesitan una respuesta del Estado. Señaló que la intervención debe producirse mucho antes de que un adolescente llegue a cometer un delito, frente a situaciones como abandono escolar, violencia, consumo problemático o pedidos de ayuda que no hayan recibido respuesta. “Debemos ir atrás cuando dejó la escuela, cuando comenzó con situaciones de violencia, cuando comenzó a consumir, cuando pidió ayuda o cuando la familia pidió ayuda y nadie intervino”, expresó.

Tras un cuarto intermedio, Argerich informó que se aceptaban las modificaciones propuestas por Quintero y Moreno y solicitó que el cuerpo autorice a la Secretaría Parlamentaria a incorporar los cambios y realizar la armonización final del texto antes de su remisión al Senado habida cuenta que contiene más de 200 artículos.

Expropiaciones en Paclín

Por otra parte, Diputados convirtió en ley el proyecto iniciado por la senadora María Belén Menecier que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación cinco fracciones ubicadas en las localidades de La Merced y Balcozna, departamento Paclín. La iniciativa obtuvo 22 votos positivos, 14 negativos y cinco ausencias.

Durante la defensa del proyecto, Eduardo Andrada (FT) detalló los destinos previstos para cada uno de los inmuebles. En La Merced, una de las fracciones permitirá avanzar con un loteo municipal destinado a soluciones habitacionales; otra será utilizada para el Festival del Pimiento y otras actividades culturales, sociales, recreativas y comunitarias; mientras que una tercera permitirá la apertura de una calle pública para mejorar la circulación y la seguridad vial. En Balcozna, el proyecto contempla la recuperación de un espacio para actividades deportivas y recreativas familiares, con la previsión de una posterior cesión al Club Deportivo Balcozna de Afuera. También se incorporan terrenos para abrir una nueva vía pública que permita descongestionar la arteria principal durante la temporada estival.

Andrada remarcó que cada fracción tiene un destino determinado, aportó las dimensiones de los terrenos y sostuvo: “La utilidad pública acá no es abstracta. Cada inmueble tiene un destino concreto y expresamente establecido”. El proyecto fue cuestionado desde la oposición. Francisco Monti (LLA) aclaró que el bloque del cual forma parte no desconoce la facultad constitucional del Estado para expropiar por causa de utilidad pública, pero planteó reparos respecto del alcance de ese concepto y de la documentación incorporada al expediente. “Utilidad pública no es equivalente a necesidad pública”, sostuvo. A su entender, la expropiación constituye una herramienta especialmente gravosa y debe reservarse para casos en los que exista un valor social o una esencialidad que justifique acudir a ese mecanismo en lugar de otras formas de adquisición estatal.

Carlos Aibar Quintar (LLA) también objetó el proyecto, aunque aclaró que la discusión no estaba centrada en la facultad constitucional de expropiar sino en la forma en que se definía la utilidad pública en cada caso. El diputado cuestionó la documentación que acompañaba el expediente y sostuvo que la información debía permitir identificar con precisión los terrenos y su situación. Aclaró, además, que su bloque puede acompañar expropiaciones cuando considera que el objeto, el terreno y la utilidad pública están claramente definidos.

Desde la UCR, Luis Fadel anticipó su voto favorable, aunque incorporó observaciones relacionadas con situaciones que, según señaló, se registran en el municipio de Paclín respecto de la propiedad privada. “Creo que los debates siempre enriquecen”, expresó, y sostuvo que, a su entender, tanto esta iniciativa como la siguiente cumplen con las exigencias constitucionales y legales.

Saujil recuperará un terreno para uso comunitario

En la sesión, el cuerpo convirtió en ley la iniciativa de la senadora Carolina Noemí Casas para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de 1.619 metros cuadrados ubicado en el distrito Saujil, departamento Pomán. La propuesta apunta a recuperar un terreno actualmente abandonado, ubicado en un sector urbano rodeado por viviendas y calles públicas. Según los antecedentes aportados por el municipio, el estado del inmueble había generado reclamos vecinales por acumulación de residuos y escombros, con consecuencias ambientales, sanitarias y de seguridad.

Stella Nieva, como miembro informante, explicó que la iniciativa surgió de una petición institucional de la Municipalidad de Saujil y cuenta como antecedente con una Ordenanza del Concejo Deliberante mediante la cual se declaró de interés público municipal la adquisición del terreno y se habilitó al Ejecutivo municipal a realizar las gestiones correspondientes ante la provincia. La recuperación del inmueble permitirá sanearlo y proyectar allí un espacio verde, una plaza, un paseo recreativo, un centro comunitario u otro equipamiento que responda a las necesidades de la comunidad. El mecanismo contempla que el Estado provincial realice la expropiación y, una vez perfeccionada, transfiera gratuitamente el inmueble a la Municipalidad de Saujil para los fines establecidos en la ley.

“No estamos hablando solamente de la recuperación física de un terreno, estamos proponiendo recuperar un espacio para la comunidad, mejorar la calidad ambiental del sector y generar infraestructura pública que contribuya a una mejor calidad de vida”, señaló Nieva. Durante el debate, Mateo Manti (LLA) expresó reparos generales respecto de la utilización de la expropiación como mecanismo para resolver conflictos sobre terrenos, aunque aclaró que no cuestionaba las obras o los objetivos comunitarios planteados en la iniciativa. “Creo que los intendentes y los buenos vecinos pueden llegar a un entendimiento de los terrenos y demás, porque muchas veces las expropiaciones terminan perjudicando una de las partes”, manifestó. Desde su perspectiva, debería priorizarse el acuerdo entre privados y municipios antes de recurrir a la intervención legislativa.

La Voz Oral