Sobre la publicación de pobreza Nada para festejar
Sobre la publicación de pobreza Nada para festejar, mucho para preocuparse Con motivo de la publicación del IPC correspondiente al mes de julio, desde esta junta interna publicamos un comunicado titulado “Necesitamos un INDEC independiente de los gobiernos de turno”.
En él afirmamos que “resulta inadmisible cualquier injerencia externa de la política sobre el trabajo técnico” en referencia a las declaraciones del ministro del interior, quien reconoció que es el presidente de la nación quien bloquea la actualización del IPC. Frente a la publicación del indicador de pobreza nos vemos una vez más en la obligación de pronunciarnos. Miembros del ejecutivo nacional han difundido una interpretación errónea y maliciosa del trabajo realizado por nuestro organismo, que pone en ridículo las estimaciones publicadas y desacredita la labor de los más de mil trabajadores del instituto ante la sociedad.
En particular, nos referimos a la afirmación según la cual este gobierno habría sacado más de 12 millones de personas de la pobreza, un planteo que no resiste el mínimo análisis. En primer lugar, porque parte de una utilización maniquea de los períodos de referencia. Se compara el valor actual del indicador con el correspondiente al primer semestre de 2024, omitiendo deliberadamente la suba de 12 puntos porcentuales registrada posteriormente la asunción del actual gobierno, provocada por la devaluación de diciembre de 2023 y la consecuente aceleración de la inflación. Fue este gobierno el que nos arrastró a un índice de pobreza semejante a la crisis del 2001.
En segundo lugar, aún bajo este marco temporal forzado, la cifra resulta incorrecta. La EPH posee una muestra representativa de alrededor de 30 millones de personas, que habitan los 31 aglomerados en los que se realiza la encuesta. Abarca las áreas más densamente pobladas del país y las capitales provinciales. Esto significa que para que en base a la EPH se pudiera interpretar una salida de más de 10 millones de la pobreza, la caída debería ser superior al 33% y eso no sucedió. Extrapolar lo que ocurre en las zonas más densamente pobladas al conjunto del país constituye un procedimiento metodológicamente incorrecto.
Aun así, incluso bajo esa premisa equivocada, de ningún modo puede sostenerse que más de tal cantidad de personas hayan salido de la pobreza. Señalamos también que deliberadamente se soslayan distintos indicadores negativos. Los pocos empleos que se generan son empleos precarios. La presión sobre el mercado de trabajo se encuentra en niveles similares a los de la pandemia. El crecimiento del ingreso de una parte de la población no se traduce en una distribución uniforme: los asalariados formales del sector público nacional hemos tenido una pérdida muy significativa en nuestros ingresos. A esto se suma el crecimiento de la desocupación que sin ser extendido a todo el territorio tuvo un impacto importante en algunas áreas industriales como el conurbano bonaerense y San Nicolás - Villa Constitución. De aquellos que poseen ocupación anterior, el 72% son ex empleados del sector privado, por lo que no sería correcto interpretar que solo el sector público está sufriendo ajuste. Si se observa por rama, el sector más afectado es la construcción.
La relativa y precaria mejora en el indicador de pobreza, no se sostiene en una mejora general de los indicadores de mercado de trabajo, ni en un crecimiento de la economía. Otro de los aspectos en los que incide el ajuste es que la situación salarial en nuestro organismo es crítica. Así como sucede en gran parte del estado nacional, la salida de técnicos calificados debido a los magros salarios es permanente.
Fue noticia en las últimas semanas la salida de dos directores, pero el problema excede en mucho a estos dos casos. El gobierno quiere utilizar el organismo y sus publicaciones con fines electorales, denostando el trabajo realizado y degradando su calidad a través de un ajuste permanente que expulsa trabajadores con décadas de experiencia. Lo utiliza también para defender su plan económico que solo se sostiene mediante la toma de deuda permanente.